Miles de niños mexicanos que huyen de la violencia cruzando solos la frontera con EU son deportados sin que su caso sea evaluado ante un juez migratorio.
Así lo denuncio la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización humanitaria que lanzó ayer una campaña para sensibilizar sobre la situación.
En un video al que puso voz el actor Diego Luna, WOLA recuerda que los menores de otros países reciben un trato distinto por el simple hecho de no compartir frontera con EU.
Bajo la legislación actual, los menores mexicanos deben ser entrevistados por agentes fronterizos dentro de las primeras 48 horas después de su detención, y los agentes pueden obtener su consentimiento para irse durante la sesión, siendo su deportación la prioridad de los agentes.
Para menores procedentes de otros países, la ley exige su traslado las primeras 72 horas a refugios de detención donde deben ser entrevistados para evaluar si son prospectos para ser asilados, y no pueden ser expulsados sin un juicio migratorio.
Las estimaciones indican que 15 mil jóvenes mexicanos son detenidos cada año por la Patrulla Fronteriza mientras intentan cruzar, y el 60% de ellos menciona la violencia como la razón por la que sale de México, no obstante menos de un 5% tiene la oportunidad de que su caso sea evaluado ante un Juez migratorio.
“Los niños mexicanos no deberían ser procesados de forma diferente sólo porque son de un País vecino”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de Migrantes de WOLA.
“En el actual sistema, muchos niños vulnerables no son detectados y son rápidamente retornados, a menudo a situaciones peligrosas”, agregó.
El Verano pasado, EU recibió una avalancha de más de 68 mil menores migrantes que cruzaron solos la frontera, en su mayoría centroamericanos, desplazados por los conflictos provocados por la proliferación de narcotraficantes y pandilleros en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Dicha situación y la constante presión de Naciones Unidas obligaron al País a anunciar que se aumentarían a cuatro mil los visados de refugiados que se emiten anualmente para latinoamericanos, pero excluyendo a los mexicanos.