Los trabajos para la dictaminación de las iniciativas de ley sobre desaparición forzada inició entre senadores y particulares, sin que el Ejecutivo federal entregara propuesta.
Así lo dieron a conocer los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia, Graciela Ortiz y Fernando Yunes Márquez, respectivamente, quienes junto con Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, inauguraron las labores.
Alan García Campos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, planteó como retos de la nueva ley tener alcances mayores en relación con otras legislaciones generales.
Igualmente, que incluya a toda persona desaparecida, al margen de que sea o no víctima de delito y que no se limite a lo mínimo establecido en la Constitución.
“Dicha ley debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo... delitos vinculados con negligencias en la investigación... lo mismo debe establecer un registro nacional de personas desaparecidas.
“Debe albergar la declaración de ausencia por desaparición, la protección de todos lo que intervienen en las investigaciones, debe igualmente potenciar los servicios forenses”, señaló.
Otros retos, agregó, son darle a la ley un carácter atemporal, para que se puedan investigar desapariciones de la “guerra sucia” y que tenga una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
En tanto, Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional México, pidió que la ley general elimine procesos burocráticos que tienen que enfrentar los familiares.