Robos desde un peso en adelante serán perseguidos de forma oficiosa de acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Penal presentada en conjunto por los tres poderes del Estado, la cual también contempla el seguimiento de los delitos de abuso de confianza y el fraude por oficio. 

El gobernador Miguel Márquez Márquez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Miguel Valadez Reyes, y la presidenta del Congreso local, Guadalupe Velázquez Díaz, presidieron la presentación de la propuesta legal. 

“Hay una modificación sustancial en la que más se está afectando es el robo, porque hoy en día hay robos de hasta 400 veces el salario mínimo, es decir, robos hasta de casi 30 mil pesos que para poder iniciar una investigación se requiere la querella y esto es un obstáculo procesal muy grande”, señaló el presidente del STJE. 

Explicó que en el caso del robo ya no habrá descuentos en las penas para personas sentenciadas por un robo de cualquier cuantía; actualmente una persona condenada en este sentido puede tener una gracia de disminución de la sanción de un 50%. 

Además se eliminan los robos mínimos, por lo que en la iniciativa de ley se incluye el delito desde un peso hasta el infinito en cuantía; aunque quienes cometan robos menores podrán purgar sus condenas en libertad. 

Reincorporan reincidencia y habitualidad

La directora de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, Raquel Barajas Monjarás, detalló que la propuesta legal también contempla la reincorporación de las figuras de la reincidencia y la habitualidad. 

Explicó que en la legislación se define a un reincidente como alguien a quien se le ha condenado por un delito en dos ocasiones. 

Agregó que la habitualidad se considerará a quien sea condenado por un tercer delito en un periodo de 10 años. 

En el primer caso la sanción podría aumentar en una tercera parte de la pena, y en el segundo caso hasta la mitad de la última pena. 

Es decir que si una persona es condenada a seis años y comete un segundo delito, se deberá aumentar a la pena dos años, y si vuelve a cometerlo se le agregará tres años, por lo que podría pasar en prisión hasta nueve años. 

“Son 15 artículos los que se están tocando entre derogaciones, reformas y adiciones, pero también si vemos todos el marco normativo es un 5%, parece sencilla la reforma, no se incrementan ni penas, nada... es de amplio espectro la reforma, irradia todo el ordenamiento penal y en esa búsqueda de mejorar este sistema es como se ha diseñado esta reforma”, concluyó. 

La propuesta fue presentada al pleno del Congreso local en sesión de ordinaria. 

Y piden empresarios acelerar aprobación

Empresarios de León respaldan la iniciativa de reforma al Código Penal presentada ayer por los tres niveles de gobierno, pero piden a los diputados locales acelerar su aprobación. 

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE), consideró que es un conjunto de modificaciones que incidirán a corto plazo en una mayor detención de delincuentes, especialmente los reincidentes, y disuadirá la comisión de delitos. 

Sin embargo, dijo que desde luego falta complementar estos nuevos recursos legales con la acción expedita, ordenada y efectiva por parte de la Procuraduría de Justicia y los juzgados. 

“Aprovecho para hacer un atento llamado a nuestros diputados para que se apruebe dicha reforma tan pronto como sea posible y con los ajustes necesarios para favorecer una eficaz aplicación de la ley y por consecuente reducción de la impunidad”, dijo. 

Por otra parte, René Solano Urban, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación León (Canacintra), dijo estar de acuerdo con tener una posición más severa del gobierno. 

“Desde luego la postura es que sí haya mano dura contra aquellas personas que estén delinquiendo y aquellos que están haciendo daño al patrimonio de otras personas”, señaló. 

‘No al aumento de penas’ 

Visente Hernández Barrios, abogado litigante y presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas Nacional, señaló no estar de acuerdo con algunas medidas que plantea la reforma al Código Penal. 

Una de ellas es que se pretenda incrementar a más años las penas, por lo que se violaría el principio de reinserción y readaptación social de los encarcelados. 

“No al incremento de las penas porque luego se desfasan, un homicidio simple intencional se castigaba de 8 a 20 años de cárcel y el homicidio calificado de 20 a 30 años, ahora pasará de 10 a 25 años y de 25 años a 35, de tal manera que esas penas chocan con los principios”, dijo. 

Añadió que también implicará para el gobierno destinar más recursos para mantener en las cárceles por más tiempo a los detenidos. 

Por Yajaira Najarin Gasca Ramírez

Escrito en Guanajuato el 19/5/2016 · 00:00