El Gobierno Federal solicitará la revisión del amparo que ordena el regreso de Joaquín “El Chapo” Guzmán al penal federal del Altiplano, lo que retrasaría por lo pronto el traslado del capo a la prisión ubicada en Almoloya, Estado de México, a donde fue enviado recién su captura.
Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informaron anoche que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentará dentro de los plazos legales el recurso de revisión ante la autoridad judicial correspondiente.
Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito de Chihuahua, ordenó el pasado miércoles al sistema penitenciario regresar a “El Chapo” al penal federal del Altiplano, ya que su traslado a una prisión de Ciudad Juárez se llevó a cabo sin autorización judicial.
El mandato fue dictado dentro de la sentencia del amparo 384/2016, concedido al líder del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades penitenciarias tienen un plazo de 10 días, contados desde el día siguiente a la notificación del fallo del amparo, para presentar el recurso de revisión ante el mismo juez Flores Lara.
Una vez que sea interpuesto, este recurso será remitido a un tribunal colegiado, para que resuelva en definitiva la demanda de garantías, lo cual podría suceder en un plazo no menor a dos meses.
Gracias a la reforma constitucional que entró en vugor hace cinco años, los reos federales solamente pueden ser transferidos de un penal a otro con una autorización judicial.
Guzmán Loera fue capturado el pasado 8 de enero en Los Mochis, dentro de un motel, luego de que escapó de un tiroteo con la Marina.

Y se enfrenta a deserciones

El grupo de Joaquín “El Chapo” Guzmán tiene un frente abierto en Sinaloa, donde algunos de sus operadores cambiaron de bando y le declararon la guerra a su antiguo jefe.
El pasado 13 de junio, el Ejército se enfrentó con sicarios al norte de Mazatlán, con saldo de dos hombres armados muertos y un soldado herido.
Dos días después, en una de las avenidas más transitadas de la misma ciudad, apareció una narcomanta con amenazas dirigida al Ejército, y fue suscrita por “El Chonecas”, también conocido con el apodo de “El 100”, un traficante que pertenecía al Cártel de Sinaloa y que después se unió a clan de los Beltrán Leyva.
El pasado 16 de junio, las autoridades estatales informaron del hallazgo de un grupo de siete leñadores ejecutados en la sindicatura de Cacalotán, en la zona serrana del municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa.
La masacre fue atribuida por las autoridades a una célula de los Beltrán Leyva, procedente de Nayarit, que tendría la intención de desplazar por completo del sur del estado a la banda de “El Chapo”.

Atrae PGR plagio del ‘Alfredillo’

La PGR determinó ejercer la facultad de atracción sobre la investigación del secuestro de Jesús Alfredo Guzmán Salazar “El Alfredillo”, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán y de sus acompañantes, ocurrido el lunes en Puerto Vallarta.
Según la dependencia federal, a partir de ayer jueves se hará cargo completamente de la indagatoria para tratar de aclarar los hechos y localizar a los probables responsables.
Desde el martes pasado, la Procuraduría envió al puerto turístico un grupo de investigadores y forenses de la SEIDO, para apoyar las pesquisas de la Fiscalía General de Jalisco.
Guzmán Salazar es hijo del primer matrimonio del “Chapo” con María Alejandrina Salazar Hernández.
Con 29 años, Jesús Alfredo es identificado como lugarteniente y pieza fundamental en la estructura del Cártel de Sinaloa, según informes del Gobierno de Estado Unidos y México.
Desde 2009, la DEA inició una investigación en su contra y lo identificó como coordinador logístico de la entrada de cocaína a territorio norteamericano desde Centro y Sudamérica, y se le describía como cercano a su padre y sus negocios.
En junio de 2012, el Departamento del Tesoro de EU lo incluyó en su lista negra para congelar sus bienes.

Por Redacción AM

Escrito en Irapuato el 19/8/2016 · 00:00