El arraigo domiciliario de sospechosos de delitos federales graves pasó de “panzazo” en la Suprema Corte de Justicia, que protagonizó una de sus votaciones más caóticas de los últimos meses.
Por seis votos contra cinco, el pleno de la Corte declaró constitucional el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite arraigar hasta por 40 días a los sospechosos, mientras la PGR termina de integrar la averiguación previa para acusar ante un juez.
Los ministros Luis María Aguilar y Juan Silva Meza se sumaron hoy a la minoría que consideró inconstitucional el 133 Bis, aunque el primero aclaró que a su juicio el arraigo sí procede, pero sólo en casos de delincuencia organizada y no para todos los delitos graves, como lo prevé el Código que estará vigente hasta junio de 2016.
La discusión se complicó por la postura del autor del proyecto, Alfredo Gutiérrez, quien votó por la constitucionalidad del 133 Bis, pero luego aclaró que sólo mantendría dicho voto si se respetaba al efecto de su proyecto, consistente en devolver el expediente a un tribunal colegiado para que analice si se eliminan pruebas contra el acusado, no obtenidas bajo un estándar propuesto por el propio ministro para regular los arraigos.
El acusado en este caso es Jesús Pérez García, ex jefe de Seguridad de la cárcel de Gómez Palacio, Durango, quien estuvo arraigado antes del juicio en el que se le declaró culpable de permitir la fuga de cinco reos en 2009.
Aguilar abrió otra votación para resolver si el amparo sería devuelto al tribunal inferior, o si simplemente quedaría en una sentencia en la que se niega la protección y se da por cerrado el caso de Pérez García.
Por siete votos contra cuatro se optó por cerrar el caso.
Cabe señalar que la decisión del Alto tribunal tendrá vigencia hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en junio de 2016, a partir esa fecha.
La PGR podrá solicitar la medida cautelar sólo en casos que estén relacionados con delincuencia organizada.