El Instituto Nacional Electoral (INE) validó las miles de firmas entregadas por ciudadanos para impulsar la aprobación de la Ley 3de3 en el Congreso, con la que se pretende combatir la corrupción gubernamental.

Con este aval, el Senado comenzó a procesar formalmente el proyecto que obliga a los servidores públicos a hacer públicos sus bienes, el pago de impuestos y sus conflictos de interés.

Legisladores y representantes de la sociedad civil consideraron que se trata de un hecho histórico.

“Representamos a más de 600 mil personas que decidieron volver a confiar en sus instituciones”, afirmó Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“A pesar del desprestigio que tiene la clase política, los ciudadanos dijeron que el Congreso puede hacer algo para rehacer el Sistema Anticorrupción”, agregó.

“Tiene un carácter simbólico muy importante que la primera iniciativa ciudadana discutida en el Senado sea una iniciativa sobre anticorrupción, porque manda una señal muy clara de la sociedad mexicana que quiere que sea un tema que se aborde”, sostuvo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Las organizaciones ciudadanas reconocieron que su presencia en el proceso de discusión ha sido clave para dotar al debate de una transparencia inédita.

Hasta el momento, el Senado se ha visto obligado a aplicar los principios del Parlamento Abierto, a tomar la Ley 3de3 como el corazón de la discusión de la Ley de Responsabilidades Administrativas e incluso a cambiar el método de discusión para instalar cuatro mesas temáticas que ayer concluyeron sus trabajos.

La incidencia de los ciudadanos también derivó en la creación de grupos técnicos que avanzarán en la construcción de la reforma y ya negocian el tomar en sus manos la habilitación de una plataforma digital para exhibir a detalle las aportaciones de legisladores, funcionarios y organizaciones.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) envió al Senado un oficio para notificar que los ciudadanos cumplieron con el requisito constitucional de comprobar el respaldo de más de 106 mil ciudadanos, es decir, el 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores.

El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, decidió acelerar el trámite parlamentario y turnó la iniciativa directamente a las comisiones de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, adelantó que el colectivo de ciudadanos deberá nombrar a un representante legal para participar oficialmente en el proceso de dictaminación, que podría iniciar la próxima semana.

Por Redacción AM

Escrito en León el 14/4/2016 · 00:00