Guanajuato.- Los diputados de Morena en el Congreso Local buscan que la Universidad de Guanajuato (UG) garantice el derecho a la gratuidad en la educación superior, luego de que un estudiante que fue dado de baja por no pagar a tiempo su reinscripción, fue favorecido con un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros de la SCJN determinaron que las universidades públicas deben garantizar la gratuidad incluso en el posgrado, lo que motivó que la bancada de Morena presentara una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Cabe resaltar que la Suprema Corte incluso ordenó la readmisión del alumno y la devolución del monto de la reinscripción, de 20 mil 140 pesos, en caso de que ya los hubiera pagado.
Fue la diputada Hades Aguilar Castillo quien presentó la iniciativa de reforma que plantea adicionar un artículo 4 Bis a la legislación universitaria para establecer que la educación que imparta será gratuita, con el objetivo de armonizar el marco jurídico estatal con el mandato previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aguilar Castillo señaló que actualmente el acceso y permanencia en programas educativos de nivel superior continúa condicionado al pago de cuotas de inscripción y reinscripción, situación que, afirmó, representa una restricción al derecho humano a la educación. Asimismo, refirió que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo relacionado con el cobro de cuotas en la Universidad de Guanajuato, en el que determinó que el Congreso del Estado incurrió en una omisión al no contemplar recursos suficientes para avanzar en la gratuidad de la educación superior.
La legisladora argumentó que la gratuidad de la educación superior es una obligación constitucional y legal que debe implementarse de manera progresiva mediante suficiencia presupuestaria y mecanismos de financiamiento concurrente entre la Federación y las entidades federativas.
Agregó que existen fondos federales destinados a apoyar a las instituciones públicas de educación superior en la eliminación gradual de cuotas escolares, sin afectar la viabilidad financiera de las universidades.
“Hoy por hoy la Universidad cuenta con un presupuesto de 3 mil 630 millones de pesos, con eso debería de ser suficiente. Eso basta para garantizar que la educación sea gratuita. Lo que no se vale es que quieran cargar el costo a los estudiantes. Si esto sigue así, lo único que va a pasar es que la universidad que paga el pueblo, dejen de ir los hijos del pueblo”, enfatizó.
Apuntó que “por eso volvemos a solicitar a levantar la voz por las hijas y los hijos del pueblo, porque no hay nada más democrático que la hija de un campesino pueda convertirse en médico, que el hijo de un minero pueda ser ingeniero, que la hija de un obrero sea abogada, científica o o hasta presidenta de la República”.
Finalmente, apuntó que se prevé que la Universidad de Guanajuato cuente con un plazo de 30 días hábiles para establecer las medidas administrativas necesarias para eliminar los aranceles cobrados por servicios educativos, además de que el Congreso del Estado deberá considerar las asignaciones presupuestales necesarias en los ejercicios fiscales subsecuentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
El fallo de la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a un estudiante de maestría de la Universidad de Guanajuato (UG), resolviendo que la gratuidad constitucional de 2019 abarca todos los niveles de educación superior, incluidos los posgrados.
Con una mayoría de siete votos, los ministros determinaron que la autonomía universitaria no justifica el cobro de cuotas, ordenando a la institución la readmisión del alumno y la devolución de pagos realizados.
El caso derivó de la baja del estudiante tras retrasarse en el pago de reinscripción de 20,140 pesos, a pesar de contar con una beca Conahcyt. Mientras la UG y el Congreso de Guanajuato argumentaron que la gratuidad debe ser gradual y depende de la suficiencia presupuestal, la Corte rechazó trasladar este costo al alumnado.
Ministros como Lenia Batres señalaron que el presupuesto anual de la universidad, superior a los 3,600 millones de pesos, debe ser administrado para garantizar este derecho fundamental.
Finalmente, la sentencia vinculó al Congreso del Estado de Guanajuato para que asigne mayores recursos a la universidad, asegurando que la falta de fondos no sea obstáculo para el acceso a la educación.
Los ministros subrayaron que es responsabilidad del Estado, y no de los estudiantes, cubrir los costos operativos de las instituciones. Este fallo establece un criterio obligatorio que redefine el financiamiento de los posgrados públicos en todo el país.
UG responde que fallo es individual, no general
La Universidad de Guanajuato (UG) señaló que el reciente fallo de la Corte a favor de un alumno para que no pague su reinscripción a un posgrado aplica de manera indivual y no generalizada, por lo que acatará la resolución de la máxima autoridad federal.
La UG se refirió a la resolución adoptada por el Pleno en el Amparo en Revisión 526/2025, una vez que sea legalmente notificada y se conozca el engrose definitivo correspondiente.
La resolución de la Suprema Corte reconoce, por una parte, la validez constitucional de las disposiciones generales contenidas en el Reglamento Académico de la Universidad de Guanajuato, al determinar expresamente que dichas normas no son inconstitucionales en abstracto ni contrarias, por sí mismas, al principio de gratuidad de la educación superior, indicó la UG.
Asimismo, aclara que la sentencia concede el amparo exclusivamente para el caso concreto de la persona que promovió el juicio constitucional, respecto de determinados actos de aplicación relacionados con su reinscripción a un programa de posgrado.
En consecuencia, los efectos jurídicos de la ejecutoria son individualizados y benefician únicamente al quejoso, sin que la resolución constituya, hasta este momento, una declaratoria general aplicable a todos los casos o programas académicos de la Institución.
La UG subrayó que también reconoce que la propia sentencia establece con claridad la responsabilidad concurrente del Estado mexicano, en sus ámbitos federal y estatal, para garantizar financieramente la gratuidad de la educación superior pública, así como la obligación del Congreso del Estado de Guanajuato de realizar las previsiones presupuestales necesarias para tal efecto, en cumplimiento de los mandatos constitucionales derivados de la reforma educativa de 2019.
Puntualizó que la educación superior pública de calidad exige un financiamiento suficiente, progresivo y corresponsable entre los distintos órdenes de gobierno, conforme al modelo constitucional de concurrencia previsto en la legislación nacional.
AAK / HLL
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