La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo el jueves que encontró un testigo de la desaparición en 2014 de un grupo de estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa en el estado sureño de Guerrero que dice que policías federales y municipales estaban presentes cuando 15 a 20 estudiantes fueron bajados de un bus y luego desaparecieron.

Las pruebas nuevas sugieren que dos policías federales al menos permitieron que la policía local se llevara a los estudiantes y pudieron haber participaron directamente en la desaparición de los normalistas, dijo el encargado del caso en la Comisión, José Larrieta Carrasco.

Larrieta también dijo que compañías privadas ocultaron pruebas que impidieron avanzar en la investigación. El funcionario reveló los nombres de las empresas o si compañías de buses estaban involucradas.

Las autoridades federales han culpado de la desaparición de los estudiantes del sureño estado de Guerrero en el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos con la ayuda de la policía local de Iguala y Cocula. Las revelaciones del jueves sugieren que esa organización criminal ha tenido una influencia más grande e implica tanto a la policía federal así como a la policía local de otro lugar.

En septiembre 26 de 2014, 43 estudiantes de esa escuela rural desaparecieron de Iguala luego de que se apropiaran de varios buses, una táctica que comúnmente empleaban para poder transportarse. Uno de los buses salió de la estación de Iguala con estudiantes a bordo, tomó la carretera federal rumbo a Chilpancingo, capital del estado, cuando la policía del poblado empezó a perseguirlos en caliente y le dispararon a las llantas del bus para que se detuviera en un paso a desnivel conocido como el puente de Chipote, dijo Larrieta.

La policía de Iguala rodeó el bus, según la versión de Larrieta, lo empezó a golpear con palos y piedras hasta que rompió sus ventanas. Los estudiantes los atacaron con las piedras y palos que les habían arrojado hasta que la policía les tiró gas lacrimógeno dentro del bus, lo que obligó a los estudiantes a salir del vehículo.

La policía los arrojó al suelo y los esposó. Luego los empezaron a cargar en un camión de la policía de Iguala.

De acuerdo con el recuento del testigo, Larreta dijo:

Un policía le dijo a uno de sus colegas que en un camión no cabían todos, un segundo policía le dijo que se despreocupara porque la policía del pueblo de Huitzuco estaba en camino. Tres camiones policiales más arribaron poco tiempo después y el resto de los estudiantes fueron subidos a los vehículos.

Cuando dos policías federales arribaron al puente de Chipote, uno le preguntó qué estaban haciendo. De acuerdo con el testigo, un policía de Iguala les dijo que se estaban llevando los estudiantes a Huitzuco, donde "el patrón" iba a decidir qué iba a hacer con ellos.

La Comisión de Derechos Humanos urgió a la Procuraduría General de la República, o fiscalía mexicana, que investigara a la policía de Huitzuco así como a los dos agentes federales que llegaron al puente de Chipote. También dijo que existía la posibilidad de que las autoridades estatales estuvieran presentes en el lugar.

PGR profundizará línea de investigación

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que profundizará en la línea de investigación planteada por la CNDH, la cual refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, Guerrero, cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
En un comunicado, la dependencia respondió al planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que esta tarde explicó que esta nueva línea de investigación se desprende de un testigo presencial de los hechos. 
“Esta Representación Social profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que hoy realiza la CNDH”, informó la PGR en un comunicado. 
Asimismo, reiteró que continúa la indagatoria sobre los hechos a efecto de que se sancione a todos y cada uno de los responsables de tan lamentable suceso. 
En el texto, la Procuraduría dijo que en el marco de la investigación del caso Iguala, “ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. 
En el caso de la CNDH, dijo, “se solicitaron medidas cautelares para la protección y salvaguarda de una persona, interviniente en el procedimiento penal, quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. 
“Ello, con el objeto de continuar y agotar las líneas de investigación que de manera permanente se han considerado, acorde al deber de exhaustividad, como eje rector en la procuración de justicia. 
“En razón de lo anterior la PGR, de manera oportuna y a satisfacción del interviniente, estableció las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad, así como la de su entorno familiar. Dichas acciones preventivas se han realizado por personal especializado”. 

Por Redacción AM

Escrito en Celaya el 14/4/2016 · 00:00