Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será hoy expuesto al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.
La aprobación se dio por una votación de 24 legisladores a favor, uno en contra, del diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, y una abstención, de Julissa Mejía Guardado, del PRD.
La reforma, modifica 15 artículos de la Constitución para establecer nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); nuevas atribuciones al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TSJFA); así como el establecimiento de la obligatoriedad a los servidores públicos de presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés.
El dictamen también establece que el nombramiento del Secretario de la Función Pública (SFP) será ratificado por el Senado, procedimiento que no aplicará al funcionario que esté al frente de la institución al momento que entren en vigor las reformas constitucional.
“Cabe destacar que en el artículo Octavo transitorio del presente Decreto, establece que los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados”, aclara el dictamen.
La reforma, también establece la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo Comité Coordinador será integrado por los titulares de la ASF, el Tribunal Administrativo, el Fiscal Anticorrupción, el presidente del IFAI; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y uno del Comité de Participación Ciudadana.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Mejía Berdeja acusó que la reforma es una simulación más que permitirá al PRI y al PAN hacer campaña en las próximas elecciones.
El legislador dijo que hubo una negativa a reformar el artículo 108 constitucional respecto de las responsabilidades en las que puede incurrir el Presidente de la República, dentro de las cuales no está el conflicto de interés ni la corrupción.
“De nueva cuenta viene este tema anticorrupción, y se trata de sacar apresuradamente antes de las elecciones para, por un lado quitar argumentos a la crítica al Ejecutivo y su partido, el PRI, y por otro lado para que el PAN haga propaganda electoral”, dijo.
En este mismo sentido se pronunció el legislador perredista Fernando Belaunzarán, quien aseguró que en cualquier democracia avanzada del mundo el titular del Poder Ejecutivo es responsable por incumplimiento a principios constitucionales así como por delitos de corrupción.
“¿Qué estoy pidiendo? Lo que pasa en cualquier país democrático, que en el artículo 108 el Presidente de la República pueda ser sujeto de responsabilidad no sólo por traición a la patria sino también por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves de orden común”, señaló.

Por Redacción AM

Escrito en Irapuato el 26/2/2015 · 00:00