Los fraudes y quiebras en cajas de ahorro les han salido caros a los mexicanos.
Desde 2000, el costo de estos eventos han representado un quebranto para el Gobierno de 5 mil 157 millones de pesos del dinero público.
Esto, pese a que especialistas advierten que es injusto que los impuestos de los contribuyentes sean usados para cubrir los daños de empresas privadas, como Ficrea.
El sector popular, que surgió en el país para atender las necesidades financieras de la población de menores ingresos, que no tiene acceso a la banca comercial, ha contado con varios fondos de respaldo para enfrentar fraudes y quiebras.
Del monto referido, 957 millones de pesos son aportaciones al Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares (Prosofipo) y al de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de Protección a sus Ahorradores (Focoop).
Los otros 4 mil 200 millones de pesos son pagos ya realizados a quienes perdieron su dinero, recursos cubiertos a través de un fideicomiso, el llamado Fondo para el Fortalecimiento de Socaps y de Apoyo a sus Ahorradores.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular, que regula a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), establece la creación de fondos de protección alimentados con aportaciones de las propias entidades y del Gobierno.
Actualmente, este último participa con el 30 por ciento tanto en el Prosofipo como en el Focoop.
Para las Sociedades Financieras Populares, como Ficrea, se creó el Prosofipo, donde el Gobierno ha depositado 83 millones de pesos, a los que se suman otros 600 millones de pesos inyectados en enero pasado para pagarles a los usuarios defraudados.
Actualmente, el Prosofipo carece de fondos suficientes para garantizar los recursos de 3 millones de ahorradores.
En tanto, para las Socaps, se creó el Focoop, donde el Gobierno ha aportado 274 millones de pesos, lo que significa 34 por ciento del total, ya que dicho fondo suma 807 millones de pesos.
Javier Macedo, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, destacó que, para evitar rescates por parte del Gobierno, las Sofipos deben elevar sus aportaciones, lo cual implica hacer cambios en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Destacó que para los contribuyentes es injusto que sus impuestos se utilicen para cubrir daños de empresas privadas, como Ficrea.